El líder de la oposición, Pablo Casado, acusó este lunes a Pedro Sánchez de ocultar hasta después de las elecciones madrileñas del 4-M los "ajustes" que, a su juicio, se verá obligado a realizar en materia de pensiones, mercado de trabajo e impuestos. El presidente del Gobierno, por su parte, admitió que el plan de reformas que tiene que enviar a Bruselas no se aprobará en el Consejo de Ministros de este martes, como estaba previsto, sino que verá la luz "en unos pocos días". Antes, el miércoles, Sánchez expondrá en el Congreso las "líneas principales" de esa hoja de ruta.

En una entrevista en Espejo Público (Antena 3), Casado sostuvo que Sánchez intenta "ganar tiempo" retrasando al máximo el anuncio de una serie de medidas impopulares que necesitará aplicar para arreglar unas cuentas que "no cuadran". Además, censuró que los españoles aún no tengan "ni idea" de lo que el Gobierno "está negociando en Bruselas" y tachó de "insólito" que el plan no se someta al voto de la Cámara baja. 

Prácticamente a la misma hora, en un evento organizado por 'El Español', Sánchez admitió que el Consejo de Ministros de este martes no ratificará el plan definitivo, sino que se limitará a analizarlo. Hace una semana, Sánchez dijo que el Consejo de este 13 de abril iba a "aprobar" el fondo de recuperación y que España sería "uno de los primeros países de Europa que presente el fondo de recuperación en toda su extensión" a la Comisión Europea.

De hecho, los planes iniciales del Ejecutivo pasaban por remitir el plan a Bruselas "a lo largo del primer trimestre" del año, según afirmó a finales de enero la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados. El Gobierno insiste ahora en que hay de plazo hasta el 30 de abril para cumplir ante las instituciones comunitarias y que esa meta se cumplirá. Si se apura el plazo, el retraso sobre el objetivo original será de un mes.

Lo que sí hizo Sánchez este lunes fue avanzar algunas de las líneas maestras del documento, que constará de 212 medidas, de las que 110 son inversiones y las restantes 102, reformas. Sus cuatro grandes ejes serán la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. Entre otras medidas, se impulsará el vehículo eléctrico, el despliegue de las redes 5G, la rehabilitación de más de medio millón de vivienda y la extensión de la red de escuelas infantiles de 0 a 3 años.

El presidente también mencionó algunas de las reformas pendientes. Entre ellas, la necesidad de hacer más "dinámico", "resistente" e "inclusivo" el mercado laboral, una materia sobre la que Bruselas ha realizado reiteradas advertencias a España. Las negociaciones para abordar la derogación de la reforma laboral del PP se retomaron hace dos semanas y encallaron en el primer asunto que abodaron el Gobierno y los agentes sociales: las condiciones de los trabajadores de las subcontratas. Lo cierto es que la CEOE cree que no es el momento de tocar la norma –su presidente, Antonio Garamendi, volvió a decirlo este lunes–, mientras que la vicepresidenta Yolanda Díaz insiste en puntos clave como reequilibrar la negociación colectiva.

Otro de los asuntos espinosos sobre los que también tendrá que pronunciarse el plan son las pensiones. El ministro de Inclusión y Seguridad, José Luis Escrivá, avanzó este lunes en el Congreso que se intentarán limitar las prejubilaciones más anticipadas con respecto a la edad legal de retiro y, además, se promoverá que quienes así lo decidan puedan seguir trabajando después de los 67 años, entregándoles bonus de hasta 12.000 euros. También dijo que prevé completar a finales de este año la reforma legislativa que garantice el poder adquisitivo de las pensiones, ligándolas al IPC.

Está, finalmente, la cuestión de la fiscalidad. Este lunes, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó un comité de expertos que abordará esta materia por encargo del Gobierno. La también portavoz del Ejecutivo expresó que hay un "especial interés" en que los grandes patrimonios hagan una "contribución adicional" ya en 2022, es decir, que habrá una subida de impuestos para rentas altas. Entre otros asuntos, se abordarán subidas en Patrimonio y Sucesiones para evitar que algunas autonomías dejen "vacías de contenido" –es decir, a tipo cero o prácticamente cero– algunas de estas figuras fiscales.

Este comité, compuesto por 17 expertos, tendrá hasta el 28 de febrero de 2022 para presentar sus conclusiones, pero la idea es que anticipen recomendaciones para que puedan introducirse a tiempo para los presupuestos de 2022. El Impuesto de Sociedades también estará sobre la mesa, dado que el programa de coalición contempla, por ejemplo, establecer un tipo mínimo del 15%. Con todo este paquete de medidas, el Gobierno quiere que la presión fiscal de España se acerce a la media europea. A día de hoy, la distancia es de entre 7 y 8 puntos porcentuales de PIB.